Mesa Redonda de AEDIVE “Gestión de carga del vehículo eléctrico El nuevo escenario a partir de 2013”

Se estudia la modificación profunda del real decreto de gestores de carga

El estudio de la modificación profunda de la norma que regula a los gestores de carga es una de las conclusiones extraídas de la Mesa Redonda organizada el 6 de febrero de 2013 en Madrid por AEDIVE, la agrupación española de la infraestructura del vehículo eléctrico, en colaboración con el IDAE, que reunió a más de un centenar de profesionales, que acudieron para arrojar luz sobre las lagunas e incertidumbres que a nivel normativo y de mercado existen en torno a la recarga de vehículos eléctricos en España.

El evento, patrocinado por el grupo empresarial español FCC, especializado en servicios ciudadanos, se organizó como mesa redonda para huir del formato habitual de jornada con ponentes invitados y presentaciones unidireccionales, puesto que buscaba la interrelación y la multidireccionalidad entre los diferentes actores del mercado en torno a un debate que pretendía, cuando menos, sacar a relucir iniciativas y puntos de vista que permitieran resolver indefiniciones en torno a la figura del gestor de carga y el real decreto que la regula, en especial en lo que atañe a la gestión de puntos de recarga en entornos públicos y semipúblicos.

Aunque el carácter del evento invitó a la libre participación de todos los asistentes en la parte del debate, a la Mesa fueron invitados representantes de empresas cuya presencia y participación era estratégica para dar cuerpo a la reunión. Tras una exposición inaugural del director gerente de AEDIVE, Arturo Pérez de Lucia (para ver su intervención, clic AQUÍ), se escuchó la intervención de cuatro gestores de carga, representados en las personas de David García-Pardo, de Movilidad Verde de Iberdrola (para ver su intervención, clic AQUÍ); José Manuel Álvarez, por parte de E.On España (para ver su intervención, clic AQUÍ); Gabriel Tevar, Subdirector de Regulación de Endesa (para ver su intervención, clic AQUÍ) yEnrique Monasterio, Director General de IBIL (para ver su intervención, clic AQUÍ).

En la parte institucional, asistieron Luis Maqueda, subdirector de Transporte, Distribución y Calidad de Servicio de la Dirección de Energía Eléctrica de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) (para ver su intervención, clic AQUÍ) y Eduardo Peña González, Técnico de la Red Española de Ciudades por el Clima, de la Subdirección de Coordinación Territorial de la Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP (para ver su intervención, clicAQUÍ) .

También se invitó a un especialista en Mercados Regulados en la persona de Juan Manuel Rodríguez Cárcamo, socio y abogado en Pérez-Llorca (para ver su intervención, clicAQUÍ).

Finalmente, en representación de las asociaciones empresariales de sectores que son potenciales instaladores de puntos de carga, participaron el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), brazo tecnológico de la CEHAT (Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos), en la persona de Coralía Pino López, Responsable de Proyectos de Eficiencia Energética y Sostenibilidad (para ver su intervención, clic AQUÍ); la Asociación Española de Aparcamientos y Garajes (ASESGA), representada por Jaime López de Aguilar, su presidente (para ver su intervención, clic AQUÍ); la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de Madrid (AEESCAM), a través de Víctor García Nebreda, su secretario general (para ver su intervención, clic AQUÍ); y en representación de la Asociación Española de Centros de Negocios (ACN Spain), su secretario general, Fernando Ortuño (para ver su intervención, clic AQUÍ).

Igualmente asistieron Salvador Díez Lloris, presidente del Consejo Superior de Colegios de Administradores de Fincas, CGCAFE (para ver su intervención, clic AQUÍ), y Elena González, gerente de ANESE, la Asociación de Empresas de Servicios Energéticos (para ver su intervención, clic AQUÍ).

Modificación del Real Decreto de Gestores de Carga

De las diversas conclusiones de un debate que se antojó profundo y enriquecedor, destacó la primicia del representante de la CNE, Luis Maqueda, quien dijo que “internamente, estamos viendo la posibilidad de modificar radicalmente el decreto de gestor de carga”, en respuesta a una pregunta de Ricardo Olalla, director de ventas de Automoción de Equipo Original de Bosch, quien preguntó si no sería una oportunidad para clarificar y mejorar la figura del gestor de carga la transposición a la ley española de la propuesta de directiva comunitaria para el desarrollo de infraestructuras para combustibles alternativos que la CE presentó recientemente.

Dicha directiva contiene una serie de párrafos que garantizan aspectos como la dotación de inteligencia en todos los postes públicos, la eliminación de barreras en el ámbito del sector eléctrico para que cualquier pueda operar puntos de recarga y favorecer la interoperabilidad o el roaming para poder cargar en cualquier punto, aunque no se tenga relación contractual con esa red.

Al respecto, Maqueda señaló que esa modificación del Real Decreto de Gestores de Carga era necesaria porque incluso, se llegaba a oponer en ciertos aspectos a la norma que prevé aprobar Bruselas, y señaló que España sufre de una “hemorragia regulatoria” y que “se debería regular sobre aspectos únicamente técnicos y comportamientos inadecuados”.

Las dos posturas del debate

Al margen de la primicia, que fue bien acogida por parte de los presentes en la Mesa Redonda, el debate giró en torno a dos posturas enfrentadas en función de los sectores que las defendían.

Por un lado, los industriales y profesionales dedicados a la fabricación e instalación de puntos de recarga, que defendían la necesidad de solicitar al Ministerio de Industria la derogación del Real Decreto 647/2011 de 9 de mayo, que regula la actividad de los Gestores de Carga y que calificaron la misma de “absurda”.

Las razones aducidas apuntaban a que el gestor de carga está habilitado para la reventa de energía eléctrica para servicios de carga de vehículos eléctricos, pero “cada día pagamos una reventa de electricidad cuando usamos cualquier servicio en un aparcamiento”, señalaba Gerardo Rojo, director de Energía Activa, quien explicó que al final, el precio de un servicio se compone de una serie de elementos, como la amortización de la inversión, la venta eléctrica o la inversión de los equipos que controlan la estancia en ese aparcamiento y el ticket que obtenemos por aparcar un vehículo eléctrico en ese parking da un precio global, pero no especifica qué parte de ese precio corresponde a electricidad o amortización, etc. “Por tanto, ya me están revendiendo electricidad como una componente más del servicio global”, señaló Rojo.

La otra postura es la de los gestores de carga, contrarios a la derogación de esta figura porque, afirman, tiene un papel importante de responsabilidad en el sistema eléctrico.

Por un lado, Monasterio comentó que “desde que tenemos el marco jurídico que tenemos (Real Decreto 647/2011) se han creado siete empresas (los gestores de carga actualmente habilitados por la CNE) comprometidas con la inversión y con facilitar el servicio de una manera asequible y fácil al ciudadano”.

Los gestores representados en la mesa coincidieron en señalar que su figura precisa, en cualquier caso, una mejora en la regulación, para facilitar que ciertos escenarios de la recarga pública y semipública de vehículos eléctricos (hoteles, centros comerciales, parkings, etc.) puedan instalar puntos de recarga de vehículo eléctrico para sus clientes con sencillez habilitándose para ello como gestores de carga, apoyándose o delegando en un gestor de carga mayor, que le aporte esa capacidad técnica, económica y legal que requiere, tal y como resumió Tevar.

El representante de Iberdrola señaló, por su parte, que el vehículo eléctrico hoy, y en el corto y medio plazo, no debería tener unos requerimientos de gestión de esas cargas que no se le imponen a otras cargas que hay en el sector eléctrico.

“No hay un centro de control de gestión del aire acondicionado y tenemos millones de aires acondicionados demandando potencias muy similares a las de la recarga de vehículos eléctricos… No decimos que no haya que regular en el futuro, pero regulemos cuando haga falta”, sentenciaba García-Pardo.

Así, García-Pardo señaló la necesidad de aplicar esfuerzos reguladores en tres aspectos fundamentales:

• seguridad, común en todos los puntos de recarga (es decir, que no todo debe valer en la infraestructura que se instale);
• estandarización técnica de contadores (para que todo usuario que acceda a un punto de recarga sepa qué se va a encontrar y que va a poder recargar con su vehículo),
• estandarización de interoperabilidad, para que cualquier usuario que acuda a cualquier punto sepa que va a poder cargar, con independencia del acuerdo que tenga con su operador.

Entre los presentes en la Mesa también se encontraban fabricantes de vehículos eléctricos.Ricardo de Lombas, del grupo PSA, señaló la necesidad de que haya normativas claras y simples, válidas para todo el territorio nacional.

“La electrificación del automóvil implica algo más que el vehículo eléctrico puro. Se trata de un nuevo combustible que convivirá con los combustibles tradicionales. Y necesitamos una regulación ya sobre los tipos de carga porque su inexistencia nos obliga a los fabricantes, por ejemplo, a bajar la carga de nuestros automóviles de 16 a 8 amperios por motivos de seguridad, lo que conlleva a que la recarga de un vehículo pase de 6 a 10 ó 12 horas, lo que resulta a efectos de mercado inasumible”, dijo De Lombas.

Asimismo, Guillermo Amann, de Ormazabal, empresa del Grupo Velatia, aludió al debate medio ambiental del vehículo eléctrico, que está en el origen de su desarrollo, y planteó la posibilidad de que para aquellas recargas no vinculadas y por tanto, susceptibles de aprovechar recursos energéticos contaminantes, se empleen sistemas de almacenamiento que se alimenten de energías renovables por la noche y puedan verter esa energía para recarga de vehículos eléctricos durante las horas pico de demanda eléctrica, propuesta recogida por el representante de IBIL, quien destacó las ventajas que implica el almacenamiento energético, aunque señaló que “todavía no es el momento”, debido a la escasa demanda en cuanto a recargas en entorno público.

El responsable de movilidad eléctrica de ABB,Sergio Lebrón, se sumó al reclamo para derogar la normativa que regula al gestor de cargas y destacó en su intervención la necesidad de contar con el usuario, que es quien al final compra los vehículos y utiliza la infraestructura.

Lebrón reclamó que las infraestructuras que se instalen para recarga de vehículos eléctricos se hagan con eficiencia y sentido común para que se adecuen a la demanda real de los usuarios y se preguntó por qué se están dando las ayudas que se están otorgando a la adquisición de vehículos eléctricos a través de los planes PIVE y por ende, a la industria automovilística, cuando se deberían contemplar también inversiones para las infraestructuras con dinero público, porque es para todos y no para un particular que se acoge a una ayuda.

En definitiva, la Mesa recogió, en cuatro horas de intervenciones y debate, el sentir de un sector que vive momentos de incertidumbre, en especial en lo que a la normativa española se refiere, pero que afronta un mercado sólido y de futuro para el que ya se están sentando las bases.

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